Rubén Eduardo López y Gustavo Jorge López, hijos de Jorge Julio López, desaparecido el 18 de septiembre de 2006 luego de declarar como víctima y testigo en el juicio por delitos de lesa humanidad en el que fue condenado a prisión perpetua el represor Miguel Etchecolatz, fallecido el año pasado, le iniciaron una demanda al Estado Nacional por 600 millones de pesos en reclamo por los daños y perjuicios sufridos.
La acción recayó en el Juzgado Federal N° 2 de La Plata, secretaría N° 5, y apunta a la falta de protección que le dispensaron pese a su rol clave en el proceso.
Con el patrocinio del abogado Alfredo Gascón, los hijos de López indicaron que "como ha tramitado la investigación judicial queda acreditado un absoluto desprecio por la satisfacción del legítimo interés de esta parte y un desentendimiento con el valor justicia".
"Pretendiendo poner de resalto el tiempo transcurrido sin noticias de nuestro padre, destacamos una vez más que dicha circunstancia data de hace más de 16 años. Todo este tiempo el núcleo familiar ha sido víctima de un sistema judicial inocuo, junto a un servicio de protección a la persona/testigo ineficaz y deficiente", explicaron.
"La forma, modo y contexto en el que desapareció, en las postrimerías del juicio el represor de Etchecolatz, de cuyas atrocidades nuestro padre fue víctima, era dable presuponer que estábamos frente a una desaparición causada, la que por provenir de órganos estatales residuales afectos al represor, la Cámara Federal la calificó como presunta desaparición forzada", destacaron a continuación.
Además hicieron referencia a que "existe una responsabilidad objetiva del Estado democrático, no solo en verificar la idoneidad de sus agentes, sino que además debe responder por las afectaciones a los derechos y garantías individuales de todos los ciudadanos".
"Ya hemos detallado anteriormente en qué contexto se ocasionó la desaparición de nuestro padre. Conforme lo señalado, resulta patente entonces que a pesar de lo vital y profundo de sus declaraciones, nadie requirió medida alguna de resguardo personal y psicológico y esto insistimos a pesar de lo cargoso de sus dichos, que fueron tenidos muy en cuenta al momento de dictar sentencia y que era muy esperable que pudieran existir actos de represalia o de intimidación como consecuencia directa de su activa participación en el juicio", agregaron.
A entender de los hijos de López, "pero además de esta carga legal, la delicada situación en la que quedó López en su triple condición de querellante, víctima y testigo de los hechos que motivaron el juzgamiento de un personal policial, otrora peligroso y altamente vinculado, ameritaba e imponía protegerlo por el seguro peligro que lo acechaba".
Sin embargo, aclararon "fue liberado su suerte, incluso luego de haber testimoniado cargosamente en el primer juicio por delitos de lesa humanidad celebrado en Argentina".
"López, albañil de profesión y trabajador toda su vida, no estaba en condiciones de protegerse ni tampoco de conocer el derecho -carga legal para los demás sujetos obligados- que tenía de ser protegido por el Estado", añadieron.
Los accionantes, dijeron, que "el reclamo indemnizatorio desde el punto de vista de la responsabilidad y el deber de reparar en cabeza del Estado, se sustenta en lo normado por el artículo 1109, siguientes y concordantes del Código Civil velezano".
Por eso reclamaron la reparación de 600 millones de pesos o, lo que en más o en menos, resulte de la prueba desarrollarse en autos, incluyendo los rubros daño psíquico, daño moral y daño al proyecto de vida familiar.
