La Fiscalía pidió penas de hasta 12 años de prisión para seis de los siete profesionales de la salud acusados por la muerte de Diego Armando Maradona, al sostener que el exfutbolista atravesó una agonía prolongada y recibió una atención médica inadecuada durante su internación domiciliaria en Tigre.
Después de meses de audiencias, más de 70 testigos y una extensa producción de pruebas, los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren expusieron sus conclusiones ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro. La acusación apuntó contra las decisiones y omisiones del equipo médico que debía asistir al exjugador en los días previos a su muerte, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.
El Ministerio Público Fiscal consideró que el desenlace era evitable y cuestionó las condiciones en las que se organizó la internación domiciliaria. Para fundamentar su postura, repasó testimonios, documentación médica, mensajes, audios y las conclusiones de la junta médica interdisciplinaria que analizó el caso.
La Fiscalía solicitó 12 años de prisión y 10 de inhabilitación para ejercer la medicina para el neurocirujano Leopoldo Luque; 10 años de cárcel y otros 10 de inhabilitación para Nancy Forlini, coordinadora de Swiss Medical; y ocho años de prisión y 10 de inhabilitación para la psiquiatra Agustina Cosachov.
Para el psicólogo Carlos Díaz reclamó cinco años de prisión y 10 de inhabilitación profesional. En tanto, para el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón pidió cuatro años de cárcel y ocho de inhabilitación para cada uno.
En cambio, los fiscales solicitaron la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna, al considerar que no tuvo responsabilidad penal en la muerte del exfutbolista.
DOLO EVENTUAL Y NEGLIGENCIA
La acusación distinguió dos grupos de responsabilidades entre los seis imputados para los que solicitó condenas. En el caso de Luque, Forlini y Cosachov, los fiscales sostuvieron que sus conductas encuadran en el delito de homicidio simple con dolo eventual. Según la hipótesis acusatoria, los tres conocían los riesgos que atravesaba Maradona, podían prever la posibilidad de un desenlace fatal y, aun así, actuaron con indiferencia frente a esa situación.
Para Díaz, Perroni y Almirón, en cambio, consideraron que las pruebas no permitieron acreditar esa misma conducta, aunque sí una serie de negligencias que, a criterio del Ministerio Público Fiscal, configuraron el delito de homicidio culposo.
El eje del alegato estuvo puesto en los 14 días que Maradona permaneció en una casa de Tigre bajo un esquema de internación domiciliaria. Según los fiscales, el dispositivo de atención no contaba con las condiciones necesarias para responder a la complejidad de su cuadro clínico, marcado por antecedentes cardíacos, renales, hepáticos y neurológicos, entre otros problemas de salud.
“Existió un grupo de improvisados que olvidaron en todo momento que trataban a un paciente vulnerable y complejo”, sostuvo Ferrari durante su exposición. El fiscal también describió la organización de la atención como caótica y afirmó que el exfutbolista quedó en una situación de desamparo.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal organizaron su presentación en cuatro ejes: los antecedentes médicos de Maradona, la internación domiciliaria, los hallazgos sobre su cuerpo y las actuaciones posteriores a su muerte.
Entre los puntos centrales, destacaron las conclusiones de la junta médica interdisciplinaria, que consideró que el fallecimiento era evitable, que la atención había sido inadecuada y que el exjugador atravesó una agonía prolongada. De esa manera, la Fiscalía rechazó la hipótesis de un desenlace súbito e imprevisible que sostienen las defensas.
En particular, cuestionó que Luque no hubiera gestionado una internación especializada; atribuyó a Forlini fallas en la organización del servicio domiciliario y reprochó a Cosachov deficiencias en el control de los psicofármacos y de los signos cardíacos.
A Díaz le adjudicó no haber promovido una rehabilitación adecuada, mientras que a Perroni le señaló deficiencias en la supervisión del personal de enfermería. En el caso de Almirón, cuestionó la omisión de controles y el registro de prácticas que, según la acusación, no se habrían realizado. Para los fiscales, ese conjunto de decisiones y omisiones contribuyó a un desenlace que pudo haberse evitado.
DISTINTOS MONTOS DE PENA
Las conclusiones de la Fiscalía recibieron el respaldo de los representantes de los particulares damnificados, aunque algunos plantearon diferencias respecto de la magnitud de las penas solicitadas.
Eduardo Ramírez, abogado de Diego Maradona Junior, coincidió con la acusación, pero pidió elevar de ocho a diez años de prisión la pena para Cosachov, además de mantener los diez años de inhabilitación profesional. También reclamó que Luque, la psiquiatra y Forlini sean detenidos inmediatamente en caso de recibir un veredicto condenatorio.
Por su parte, Fernando Burlando, representante de Dalma y Gianinna Maradona, calificó de “brillante” la exposición de los fiscales, aunque consideró que las penas solicitadas podrían haber sido más elevadas.
“Las penas, yo hubiera pedido un poquito más”, afirmó. No obstante, respaldó la decisión de solicitar la absolución de Di Spagna. “Fue atinada. No por ser fiscales tienen que pensar en condenar por condenar”, sostuvo.
La audiencia estuvo marcada por la presencia de familiares del exfutbolista, que siguieron durante horas los cuestionamientos al equipo médico. Dalma y Gianinna estuvieron acompañadas por su madre, Claudia Villafañe. También asistieron Verónica Ojeda, Jana Maradona y las hermanas del exjugador, Rita y Laura.
Mientras se desarrollaban los alegatos en los tribunales de San Isidro, fanáticos de Maradona se concentraron en las inmediaciones con banderas y música para acompañar la jornada.
LA ESTRATEGIA DEFENSISTA
Desde la defensa, Francisco Oneto, abogado de Luque, cuestionó con dureza la exposición fiscal y adelantó que reclamará la absolución del neurocirujano.
El letrado objetó la utilización de audios que, según sostuvo, fueron reproducidos fuera de contexto y cuestionó la interpretación de los testimonios relacionados con la atención médica de Maradona. También consideró que la acusación tenía un componente destinado a satisfacer las expectativas del público y de la prensa.
“Ahora falta el vuelto”, advirtió Oneto al anticipar la estrategia que desplegará durante su alegato.
Vadim Mischanchuk, defensor de Cosachov, afirmó que el pedido de condena estaba dentro de lo previsible, pero expresó su confianza en que el tribunal no resolverá necesariamente en el mismo sentido que la Fiscalía. El abogado sostuvo que las pruebas demostraron que la psiquiatra actuó correctamente y cuestionó la calificación legal que se le atribuye.
Las defensas tendrán la oportunidad de exponer sus argumentos, discutir la interpretación de las pruebas y sostener sus pedidos de absolución o plantear alternativas a las acusaciones.
COMO SIGUE EL JUICIO
El debate continuará el martes 13 de octubre con los alegatos de los abogados Mario Baudry, representante de Verónica Ojeda y de Dieguito Fernando, y Félix Linfant, quien representa a Jana Maradona.
Las querellas anticiparon que insistirán con sus reclamos de condenas y con la posibilidad de que se disponga la detención de los acusados en caso de un veredicto condenatorio.
Luego será el turno de las defensas, con jornadas previstas para los días 20, 21 y 22 de octubre. Una vez que todas las partes hayan expuesto sus argumentos, los jueces deberán evaluar las pruebas producidas durante el debate y las distintas posiciones antes de dictar una resolución.
Por el momento, los pedidos de penas constituyen las pretensiones de la Fiscalía y de las querellas, no una condena. La decisión final sobre la responsabilidad penal de cada acusado quedará en manos del tribunal.
