El sistema carcelario argentino atraviesa, al día de hoy, dos problemas cruciales: la superpoblación de detenidos y su alta reincidencia. La primera por falta de espacio físico para albergar la enorme cantidad de reclusos que, día a día, van ingresando a sus distintas unidades y la segunda por la imposibilidad de que, en esos ámbitos desbordantes de violencia, con condiciones de alojamiento que distan de ser las ideales, se pueda reencauzar la vida de un reo.
La situación es crítica y representa un enorme desafío para las autoridades, quienes encuentran en las unidades penitenciarias un foco permanente de conflicto. Adentro y afuera.
Demás está decir que la Provincia de Buenos Aires no se muestra ajena a esta grave situación. Tanto que, según datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, al 28 de julio de 2022, existían más de 45.500 personas privadas de la libertad.
Incluso la Justicia ha emitido numerosas sentencias que impiden el alojamiento de internos en comisarías u otras dependencias policiales, lo que complejiza aún más esta cruda realidad.
Fuentes oficiales reconocen que las liberaciones masivas, al margen de las causas en las que estén fundadas, por ejemplo lo que ocurrió con la pandemia de coronavirus, generan demasiado ruido, fundamentalmente porque la mitad -o aún más- de los que cometen un delito, vuelven a hacerlo cuando son insertados a la vida en sociedad. Por eso, en la actualidad, se viene desarrollando un programa de ampliación de cupos carcelarios, el cual representa un salto cuantitativo en función de otros proyectos afines.
Los mismos informantes mencionaron que serían 11.926 las nuevas plazas proyectadas desde 2020, varias de ellas ya terminadas, otras en proceso de construcción y algunas en la etapa licitatoria. Entre las que están finalizadas, se pueden mencionar las unidades 28 de Magdalena (156), 32 de Florencio Varela (144), 23 de Florencio Varela (120), 24 de Florencio Varela (120), 47 de San Martín (64), la 26 de Olmos (184), la 58 de Lomas de Zamora (552) y la 54 de Florencio Varela (62). También las alcaidías de Campana (76), Pettinato de La Plata (336), Florencio Varela (320) y Campana (72). Las que están en etapa de construcción son las alcaidías de Merlo (312), Berazategui (312), Escobar (176), Lomas de Zamora (312) González Catán (240), Melchor Romero, La Plata (288) y Almirante Brown (312) y las unidades 59 de Merlo (992), 60 de Merlo (992), 15 de Batán (120), 21 de Campana (120) y 49 de Junín (36). Por último, en proceso de licitación están las 892 plazas para la Unidad 29 de Melchor Romero (La Plata), las 992 plazas de la unidad de Moreno, las 992 plazas de la unidad de Florencio Varela y las alcaidías de Lanús (264), González Catán (312), Moreno (312), Tigre (312), Tres de Febrero (312), Ezeiza (312), Quilmes (312) y Mercedes (496).
UNA PROBLEMÁTICA SENSIBLE
Como se dijo, la reincidencia delictiva está en niveles estratosféricos, marcando registros históricos, por lo que desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires comenzaron a poner el acento en cinco cuestiones, que se consideran fundamentales: a) Que los detenidos tengan vínculos con sus familiares, para lo cual se buscará alojarlos en prisiones cercanas a sus domicilios o lugar de pertenencia. Por ejemplo, en La Plata, al 28 de julio pasado, de los 6.902 reclusos registrados, solamente 2.117 eran de la Ciudad. El resto procede de otras localidades. b) Que tengan una identidad, porque varios de ellos llegan a la cárcel como N.N. o con nombres ficticios. c) Que tengan una formación educativa. d) Que tengan una formación laboral. e) El seguimiento poscarcelario.
