La Justicia penal de La Plata investiga una serie de denuncias por abusos sexuales reiterados que se habrían extendido durante casi una década y que tienen como protagonistas a dos empleados del Senado bonaerense, actualmente detenidos. Se trata de Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, imputados por delitos contra la integridad sexual presuntamente cometidos en un contexto de manipulación, amenazas y ejercicio de poder, tanto en el plano personal como político.
Los ataques sexuales se habrían producido dentro del propio Senado bonaerense, concretamente en la oficina 007, bajo la órbita directa de la Presidencia del cuerpo.
La explosiva causa, que se tramitó durante años y sumó testimonios coincidentes de distintas denunciantes, derivó finalmente en órdenes de detención, allanamientos y secuestro de material probatorio, dispuestas a pedido de la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N° 2 de La Plata y acostumbrada a investigar el poder: instruyó la causa contra la llamada "banda de los jueces" y el entramado de corrupción que expuso Julio "Chocolate" Rigau sacando plata a discreción de un cajero cercano al ámbito donde trabajaba y -de nuevo- está en la mira: la Legislatura bonaerense.
El Juzgado de Garantías N° 4 avaló las medidas pedidas por Lacki y confirmó las detenciones de Rodríguez y Silva Muñoz, quienes fueron indagados y se negaron a declarar.
Los hechos investigados se remontan al menos a 2014 y describen un patrón de abusos sexuales con acceso carnal, violencia psicológica y sometimiento prolongado, en algunos casos, hasta 2023. Las últimas denuncias se presentaron 2025. En total, serían 5.
Las víctimas -cuyas identidades se preservan- relataron ante la Justicia haber sido sometidas en un contexto de asimetría de poder, amenazas y manipulación emocional. Fuentes del expediente indicaron que uno de los ejes centrales de la causa es el uso de espacios políticos para garantizar una inserción laboral estatal con contratos con altos ingresos (y exigencias de devolución de una parte para "tareas militantes"), además de promesas de crecimiento dentro de la militancia, como mecanismo de acercamiento y control.
En ese marco, la fiscalía investiga el funcionamiento de una presunta estructura denominada “La Orden de la Luz”, que, según los testimonios incorporados, operaba con una lógica sectaria. Según surge de las actuaciones, Rodríguez se presentaba como un líder espiritual con supuestos “poderes especiales”, mientras que Silva Muñoz cumplía un rol de guía o facilitadora, reforzando el sometimiento de las víctimas.
Siempre según fuentes judiciales, esta dinámica habría sido utilizada para justificar los abusos, anular la voluntad de las denunciantes y sostener un vínculo coercitivo prolongado en el tiempo.
Rodríguez y Silva Muñoz son empleados estables del Senado desde hace años. Por otro lado, Silva Muñoz integra la Secretaría de Género de UPCN provincia de Buenos Aires y Rodríguez fue docente del colegio secundario del club Estudiantes de La Plata, ámbito en el que habría captado a una de las potenciales víctimas.
Los hechos investigados incluyen accesos carnales sin consentimiento, amenazas con armas blancas, episodios de intimidación, control de la vida personal y sexual de las víctimas, y una progresión en la gravedad de las conductas denunciadas. Parte de los abusos, además, habrían ocurrido en inmuebles vinculados a los imputados y en ámbitos relacionados con su actividad política y laboral.
Los detenidos militaron en la agrupación política “La Capitana”, un espacio en el que hasta 2021 participó Giselle Fernández, hermana de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
GRAVEDAD INSTITUCIONAL
Tras las detenciones concretadas en la noche del 29 de diciembre, ambos imputados fueron trasladados para ser indagados. Sin embargo, Rodríguez y Silva Muñoz se negaron a declarar, haciendo uso de su derecho constitucional, según confirmaron voceros judiciales.
En paralelo, la defensa solicitó el traslado de los detenidos a una alcaldía departamental, alegando que los calabozos de la DDI donde permanecían alojados no reunían condiciones adecuadas, un planteo que quedó sujeto a resolución judicial.
Desde la fiscalía destacaron que la causa se apoya en declaraciones testimoniales, coincidentes y sostenidas en el tiempo, además de material documental y digital incorporado recientemente. La investigación también reconstruye intentos previos de las víctimas por denunciar, así como presuntas maniobras de hostigamiento posteriores para evitar que los hechos llegaran a la Justicia.
Para el Ministerio Público, el caso reviste una gravedad institucional significativa, no solo por la reiteración y extensión temporal de los abusos denunciados, sino también por el contexto de poder desde el cual se habrían cometido, lo que habría facilitado la captación y el sometimiento de las víctimas
