El debate sobre las falsas denuncias dejó de ser un murmullo lateral en tribunales y despachos para instalarse con fuerza en la agenda pública. En un contexto atravesado por la expansión de demandas vinculadas a violencia de género y delitos sexuales, comenzaron a multiplicarse los casos en los que, con el paso del tiempo, las acusaciones se desmoronan. Lo que antes aparecía como un fenómeno marginal hoy alimenta discusiones políticas, proyectos legislativos y una reforma penal que promete endurecer sanciones.
Es el caso de una denuncia penal presentada en Rosario investiga a tres psicólogas ligadas a una ONG con sede en La Plata por presuntamente fabricar informes repetidos y diagnósticos idénticos para sostener acusaciones de abuso sexual infantil luego descartadas por la Justicia.
La legislación vigente, sin embargo, todavía refleja otra época. El delito de falsa denuncia está contemplado en el artículo 245 del Código Penal, con penas de dos meses a un año de prisión o multas que, por su bajo monto, resultan en la práctica simbólicas. El bien jurídico protegido no es tanto el honor del acusado, sino la correcta administración de justicia, una concepción que hoy aparece desfasada frente al impacto real que estas acusaciones generan en la vida de las personas.
Ese desajuste entre el daño concreto de una denuncia falsa y la levedad de la sanción es uno de los motores del debate actual. Juristas, víctimas y sectores políticos coinciden en que la pena vigente no cumple una función disuasiva. En los hechos, muchas veces las condenas más severas no surgen por la falsa denuncia en sí, sino por su combinación con otros delitos como coacción o falso testimonio.
A la par, el fenómeno ganó visibilidad en el plano social. Organizaciones y observatorios reportan un aumento de casos en contextos de disputas familiares, divorcios y regímenes de contacto con hijos. Aunque algunas denuncias terminan desestimadas, el daño suele consumarse de antemano: detenciones preventivas, exclusión del hogar, pérdida laboral y estigmatización pública.
Entre la percepción social y la falta de estadísticas
El crecimiento percibido de las falsas denuncias no encuentra un correlato claro en los datos oficiales. En Argentina, menos del 3 por ciento de las denuncias penales se catalogan como falsas o infundadas, mientras que organismos como ONU Mujeres ubican ese porcentaje por debajo del 1% a nivel internacional.
Esa tensión entre percepción y evidencia estructura el debate. Mientras las estadísticas muestran que se trata de un fenómeno minoritario, los casos individuales tienen un impacto social enorme. En paralelo, relevamientos privados y organizaciones civiles aseguran detectar un aumento de denuncias presuntamente falsas, especialmente en conflictos de pareja.
El sistema judicial enfrenta además un obstáculo técnico central: probar el dolo. Es decir, demostrar que quien denunció sabía que mentía. Esa dificultad explica por qué muchas causas se archivan sin una declaración formal de falsedad, lo que alimenta la sensación de impunidad. A esa complejidad se suma un dato insoslayable: la violencia de género sigue mostrando cifras alarmantes. Informes de organizaciones como Ahora que sí nos ven registran decenas de femicidios en los primeros meses de 2026, lo que obliga al sistema judicial a moverse en una tensión constante entre proteger a las víctimas reales y evitar abusos del proceso.
Casos que llamaron la atención y jurisprudencia reciente
En ese contexto, los fallos que avanzan en condenas adquieren una visibilidad inusual. El caso de Fiorella Belén Damiani, condenada en marzo de 2026 a tres años de prisión en suspenso por falso testimonio agravado, se convirtió en un emblema del debate. La causa probó que sostuvo durante años una acusación falsa, con consecuencias graves para los denunciados.
También se registraron absoluciones que marcaron precedente, como la de Ramón Guido Silva en La Rioja, donde la Justicia determinó que la denuncia por tentativa de homicidio era falsa y ordenó investigar a la denunciante. Estos fallos reflejan un cambio incipiente en la mirada judicial, aunque aún limitado por las penas vigentes.
Otro eje emergente es el de las retractaciones. Cada vez más denunciantes se presentan para modificar o retirar sus acusaciones, en un escenario donde fiscales y jueces deben discernir entre arrepentimiento genuino, presiones externas o denuncias originalmente infundadas.
En paralelo, casos complejos como el de un docente en Santa Fe, absuelto en primera instancia pero luego condenado en una instancia superior, evidencian las tensiones probatorias que atraviesan estos procesos y la fragilidad de algunas decisiones judiciales.
El giro político y la reforma estructural
El punto de mayor inflexión se ubica en la reforma del Código Penal impulsada por el gobierno de Javier Milei, con un rol central del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques. Al 26 de marzo de 2026, el proyecto se encuentra en una etapa clave de definición técnica y política.
La iniciativa busca reemplazar el Código vigente desde 1921 por un nuevo cuerpo normativo más compacto -de unos 500 artículos-, corrigiendo inconsistencias y endureciendo penas. El enfoque se apoya en tres pilares: tolerancia cero, centralidad en la víctima y mayor eficacia del sistema penal.
Dentro de ese esquema, la falsa denuncia deja de ser vista como una falta menor para convertirse en un ataque directo al funcionamiento del Estado. La reforma incorpora además nuevas figuras delictivas -como ciberdelitos, estafas piramidales o modalidades de robo urbano- en línea con las transformaciones sociales de las últimas décadas.
El rediseño también apunta a articular el derecho penal con el derecho de familia, especialmente en casos donde una denuncia impacta en vínculos paternofiliales. La posibilidad de restitución rápida de esos vínculos aparece como uno de los objetivos centrales.
Las nuevas penas en discusión: un cambio de paradigma
El núcleo de la reforma es el endurecimiento de las penas por falsa denuncia. Los borradores más avanzados elevan la escala básica de dos meses a un año a un rango de entre tres y seis años de prisión, lo que implica, en la práctica, condenas de cumplimiento efectivo.
A su vez, se incorporan agravantes específicos: entre cuatro y siete años cuando la denuncia se inscribe en contextos de violencia de género, y entre seis y diez años si involucra delitos sexuales o menores. También se contemplan aumentos de pena si hubo difusión mediática o si se buscó deliberadamente la condena de un inocente.
El proyecto prevé además sanciones accesorias, como la inhabilitación para profesionales que participen en la construcción de denuncias falsas y la posibilidad de aplicar un criterio proporcional respecto del delito falsamente imputado.
Iniciativas parlamentarias como las impulsadas por Carolina Losada y Patricia María Vázquez convergen en este endurecimiento, bajo la premisa de que la falsa denuncia constituye una herramienta de daño masivo sobre personas y familias.
Un debate abierto: tensiones, críticas y futuro
El endurecimiento de penas no está exento de críticas. Sectores del feminismo jurídico y organizaciones de derechos humanos advierten sobre un posible “efecto congelante”: el temor a ser castigadas podría desalentar a víctimas reales a denunciar, especialmente en delitos de difícil prueba.
También señalan que las estadísticas disponibles no muestran un crecimiento significativo de denuncias falsas y que el foco debería estar en fortalecer los mecanismos de protección y acompañamiento a las víctimas de violencia.
Del otro lado, quienes impulsan la reforma sostienen que la falta de sanciones efectivas erosiona la credibilidad del sistema judicial y habilita abusos que generan daños irreparables. Argumentan que la ley debe equilibrar la protección de las víctimas con garantías para los acusados.
En ese cruce de posiciones, la Argentina se encamina hacia una redefinición profunda de su política penal. La reforma impulsada por Juan Bautista Mahiques y respaldada por Javier Milei promete cambiar no solo las escalas de castigo, sino también la lógica del sistema. La reforma impulsada por Juan Bautista Mahiques y respaldada por Javier Milei promete cambiar no solo las escalas de castigo, sino también la lógica del sistema.
El delito de falsa denuncia (art. 245 del Cód. Penal) tiene penas de hasta un año de prisión
