La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) puso el foco en un dato alarmante que podría sacudir el sistema de fotomultas: durante un relevamiento en rutas nacionales, detectó 152 cinemómetros operando sin autorización, pero activos para “hacer caja”.
El hallazgo surgió en el marco de un proceso de fiscalización y regularización, que abarcó más de 40 mil kilómetros de caminos para verificar el estado operativo de los radares instalados en distintos puntos del país. La investigación apunta a transparentar el sistema de control automático de velocidad y revisar posibles irregularidades vinculadas al cobro de multas.
Según trascendió, al comenzar el operativo existían 526 radares habilitados oficialmente para operar sobre rutas nacionales: 363 fijos y 163 móviles. Sin embargo, durante las inspecciones los agentes detectaron múltiples inconsistencias.
Uno de los datos más llamativos fue que de los 363 radares fijos autorizados, solamente 239 fueron encontrados funcionando en los lugares para los cuales habían sido habilitados. Otros 124 directamente no estaban donde debían estar al momento del relevamiento, situación que obligó a lanzar intimaciones a municipios y jurisdicciones responsables para que expliquen qué ocurrió con esos equipos.
Pero el punto más sensible del informe apareció cuando los fiscalizadores detectaron 152 radares instalados y operativos que nunca habían recibido autorización nacional para funcionar en rutas nacionales. Es decir, equipos que presuntamente realizaban controles e infraccionaban conductores sin contar con la habilitación correspondiente.
Ante este escenario, la Agencia Nacional de Seguridad Vial exigió el cese inmediato de utilización de esos dispositivos y ordenó avanzar con el retiro de los equipos irregulares. Además, advirtió que también iniciará procesos de baja de autorizaciones y posibles sanciones para aquellas jurisdicciones que mantengan radares con verificaciones técnicas vencidas o fuera de norma.
El tema adquiere especial relevancia en medio de distintas investigaciones judiciales abiertas tanto en la Justicia Federal como en tribunales bonaerenses, donde se intenta determinar si existió un entramado irregular alrededor de las fotomultas y la instalación de radares en distintos municipios.
