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Arresto domiciliario para el martillero platense acusado de cobrarles un canon a prostitutas

La Justicia Penal de La Plata morigeró las condiciones de detención del martillero Fernando Mercerat, acusado del delito de “explotación económica del ejercicio de la prostitución de mayores de edad agravado por la situación de vulnerabilidad de las víctimas”, a través de la locación de distintas propiedades que tenía en su inmobiliaria, informaron fuentes judiciales.

La decisión fue adoptada por la jueza del Tribunal Criminal II, Silvia Hoerr, quien recibió de parte de la defensa, a cargo de Darío Saldaño, una serie de estudios médicos, que certificaron los problemas de salud que padece el imputado, tales como una hernia inguinal, una hernia de disco e infecciones generalizadas, entre ellas una urinaria.

Como Mercerat ya pactó con la fiscalía un juicio abreviado, en el que aceptó la responsabilidad de los hechos investigados y una pena de 5 años y 6 meses de cárcel, en caso de que se  convalide ese acuerdo estaría en condiciones de acceder a una condicional, por el tiempo que lleva preso. Aclaremos que los términos del acuerdo siguen bajo análisis.

Por lo pronto, la resolución judicial destaca que el martillero “cuenta con lazos afectivos sólidos con la Sra. (...) que se manifestó con disposición para recibirlo en la morada que compartían en la localidad de Brandsen, como así también el informe de la perito médico (...) y, la pericia psicológica que se le practicó, de la que se desprende que el nivel de discernimiento del encartado es alto y
que distingue acabadamente lo correcto de lo incorrecto”.

También hace mención a que hay un dictamen fiscal favorable al planteo, lo que “permite presumir que el peligro de fuga o entorpecimiento probatorio puede razonablemente evitarse mediante aplicación de una medida menos gravosa”, por lo que “resolvió morigerar la medida de coerción que viene cumplimentando bajo la modalidad de arresto domiciliario con monitoreo electrónico”.

Esta causa tiene otro sospechoso, Marcelo Bardella, quien trabajaba para Mercerat y ya gozaba de una detención morigerada. Sus abogados son Christian Parodi y Fernando Palazzo.

SACAR PROVECHO
En el juicio abreviado se indicó que las mujeres de las que se valieron ambos acusados, algunas de ellas travestis, mostraban dificultades para insertarse en el mundo laboral o tenían necesidades económicas, lo les permitió a ellos quebrantar su voluntad para generar réditos económicos a través de la venta de sexo.

Incluso, muchas de las damnificadas fueron locatarias de inmuebles y debían pagar sumas abultadas, por encima de los valores comunes del mercado inmobiliario local, bajo amenaza de lanzamiento o desalojo. Bardella se defiende diciendo que no tenía más injerencia que la de cualquier empleado que cumple órdenes de su patrón y que a él lo mandaban a cobrar los alquileres.

El caso salió a la luz el 26 de junio de 2020, tras una redada judicial y policial en la Ciudad, en el marco de una investigación que desbarató una red de prostíbulos que funcionaban en La Plata. Ese día hubo más de 40 allanamientos. La investigación estuvo a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, mientras que el juez de garantías fue Pablo Raele.

En la instrucción, la titular de la UFI N° 15 de La Plata, consideró que “desde, al menos, el 7 de octubre de 2019 a la fecha”, Mercerat, como dueño de la inmobiliaria que lleva su apellido y funciona en 22 entre 43 y 44 junto a un grupo indeterminado de personas, explotaba económicamente el ejercicio de la prostitución de un número indeterminado de mujeres mayores de edad y personas travestidas, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de éstas, ya sea por su identidad de género y la dificultad de insertarse en el campo laboral formal, ya por necesidade económicas y de manutención a sus hijos menores de edad”.

Según Corfield, el martillero les exigía “la entrega de una suma de dinero, semanal o diariamente a todas luces desproporcionada en relación a las locaciones habituales del
mercado, sin documentación respaldatoria alguna ni de los contratos ni de los pagos recibidos, ejerciendo en todos los casos medios extorsivos de pago como de desocupación”

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