El llamado “Caso Chocolate”, una de las investigaciones judiciales por presunta corrupción más resonantes de la política bonaerense, atraviesa una nueva etapa procesal, y aunque no hubo definiciones respecto de la realización de juicios abreviados o de una fecha certera para el inicio del debate oral, ya cuenta con el peritaje contable agregado a las actuaciones, lo que permitirá cuantificar la extensión del daño defraudatorio causado al Estado provincial.
Se trata de un minucioso estudio cuyo objetivo central era establecer y precisar el grado de responsabilidad que podría corresponderle a cada uno de los empleados de la Legislatura involucrados en la causa y determinar el quantum del perjuicio a las arcas oficiales.
El expediente se encuentra, de este modo, en la definición de la etapa probatoria, mientras las partes terminan de evaluar sus estrategias de cara a lo que pueda ocurrir posteriormente.
En paralelo, continúa sin resolverse el escenario planteado alrededor de los juicios abreviados, sobre todo para los llamados “49 tarjeteros”, quienes, según se habría probado, no prestaban funciones -solo recibían beneficios por aportes y jubilación- y las remuneraciones asignadas a cada uno de ellos eran supuestamente desviadas hacia un canal ilegal.
La posibilidad de alcanzar acuerdos con algunos de los imputados había aparecido como una alternativa para evitar un debate oral respecto de determinados acusados, pero esa vía quedó en un escenario incierto luego de que uno de los empleados que había avanzado en un acuerdo con la fiscalía finalmente desistiera ante la consecuencia de una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Ese antecedente complicó las expectativas de avanzar con una salida consensuada para el resto de los acusados. Las defensas analizan otras alternativas procesales, entre ellas la suspensión del juicio a prueba o la reparación integral del daño, mientras que la fiscalía mantiene su postura contraria a que el caso pueda cerrarse mediante un acuerdo económico.
PRUEBA CENTRAL
El estudio contable buscó determinar con mayor precisión el movimiento de dinero atribuido a los distintos involucrados, a partir del uso de los plásticos bancarios a su nombre, y establecer responsabilidades individuales dentro de la estructura investigada.
La acusación sostiene que existió una mecánica sistemática de extracción de dinero mediante tarjetas de débito pertenecientes a empleados de la Legislatura bonaerense. Según la investigación, se detectaron retiros reiterados de salarios, en muchos casos realizados durante la madrugada o fuera del horario comercial.
El monto investigado entre enero de 2022 y septiembre de 2023 fue estimado originalmente en unos $395,4 millones, aunque esa cifra deberá ser analizada en función de las actualizaciones y de los períodos que eventualmente sean incorporados al expediente.
La presentación del informe contable representa, por lo tanto, un avance importante dentro de la etapa probatoria. Sin embargo, todavía no existe una definición sobre cómo continuará el proceso.
Como se sabe, entre los principales acusados se encuentran Claudio Albini, el mencionado Julio “Chocolate” Rigau y Facundo Albini, para quienes la fiscalía ya anticipó las penas que pretende en caso de llegar a juicio: 6 años y 4 meses para Claudio Albini, 5 años y 6 meses para Rigau y 4 años y 3 meses para Facundo Albini.
Facundo Albini era ex concejal massista y su padre, Claudio, ex subdirector de personal de la Legislatura bonaerense. Se cree que “Chocolate” reportaba directamente hacia ellos. La situación procesal, sin embargo, todavía puede experimentar modificaciones a partir de las distintas alternativas que analicen las defensas y de las decisiones que adopte el tribunal.
