El tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó el estado de culpabilidad que pesa sobre el docente Lucas Puig, aunque el monto de la pena - los 35 años de prisión a los que había sido condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal I de La Plata, por los delitos de “abuso sexual agravado y corrupción de menores agravado”- quedó en una instancia de revisión, ya que el mismo órgano jurisdiccional determinó la nulidad de un tramo de la acusación y un debate de cesura, con nuevos jueces, para que se determine -con fecha a definir- la calificación penal y la sanción que en definitiva le corresponde.
Con dos votos contra una, la parte dispositiva del fallo hizo lugar "parcialmente al recurso de Casación interpuesto por la defensa" de Puig; anuló por mayoría "la ampliación de la acusación formulada en el debate, excluyendo el marco temporal que exceda al comprendido entre los días 1° y 12 de marzo de 2010" y confirmó "parcialmente la sentencia condenatoria con respecto a los hechos cometidos" por Puig "desde el inicio del ciclo lectivo de 2010 hasta el 12 de marzo inclusive del mismo año, de los que resultaron víctimas los menores E.V. y B.F. IV".
La resolución cuenta con dos aristas bien marcadas. Por un lado, con el decisorio de los jueces Ricardo Ramón Maidana y Carlos Ángel Natiello, quedó acreditado que Lucas Puig “resultó ser autor de los hechos imputados”. Y por otro, entre los fundamentos en minoría del doctor Víctor Violini, se trasluce una dura crítica hacia el interior del fuero y al papel que cumplieron varios de sus agentes.
En relación al caso, estas son horas decididamente calientes, con piezas que ya las partes analizan mover, a resultas de lo que Casación acaba de resolver. Se sabe que el estado de salud de Lucas Puig ha empeorado en las últimas horas y no es ese un tema menor.
"Un análisis integral y contextualizado de esta prueba, permitió apreciar la presencia de ciertos indicios comunes y coincidentes en lo exteriorizado por cada una de las víctimas, que permite sustentar la existencia de los hechos. En particular, la edad de las víctimas; la sintomatología y traumas que presentaron los niños; las palabras empleadas en un primer momento y su resignificación (con ayuda psicológica) años después; el estado de amenaza en el que se encontraban; los lugares de comisión (en puntos ciegos desde las ubicaciones de las preceptoras); el período lectivo en que sucedieron; los cambios de conducta; las expresiones y conocimientos no esperables para su edad; juegos sexualizados; la mejoría evidenciada al alejarse del jardín; el señalamiento de la misma persona como autor de las prácticas; entre otras”, argumentó Maidana, con la adhesión de Natiello.
Con una mirada diferente, aunque sin efectos prácticos para cambiar el curso de la sentencia, Violini -que habló de situaciones “incompatibles con las leyes de la experiencia humana y del más elemental sentido común”- expresó: “Siempre he creído, y lo sigo haciendo, que la convicción formada objetivamente luego de un análisis serio de la prueba rendida no debe variar o amoldarse en función de conveniencias o temores, y quien no pueda mantenerse en la convicción a la que arriba quizás no debería ejercer la judicatura; por ello, en función de esa convicción es que reitero aquí el sentido de mi voto, pues en virtud de ella me resulta imposible condenar a un inocente”.
La causa contra Lucas Puig en el Fuero Penal local lleva un derrotero de casi 14 años. Cabe recordar que en el juicio, entre otras conductas aberrantes, sostuvieron que Puig corría desnudo y gritando por pasillos y salones, disfrazado de mujer (lencería femenina incluida), con prótesis mamarias falsas y que orinaba los instrumentos musicales.
En el punto de la ampliación de la acusación, por hechos presuntamente acaecidos en 2009 en el Jardín de Infantes San Benjamín de Los Hornos, los tres jueces votaron con uniformidad de criterio y, al entender que esa postura adolecía de graves defectos, se la dejó de lado. Por eso ahora restará definir cuál es el alcance punitivo de la condena, al margen de que la vía recursiva
continúa abierta.
ESTADO DE SALUD
Hace unos días atrás, Puig fue externado de la Unidad Penal de Magdalena, donde cumplía condena, por una cuestión médica. Su salud había desmejorado notoriamente y, para compensarlo, necesitó de varias transfusiones de sangre por una grave afección abdominal.
“Dicho estado conlleva el riesgo de severas complicaciones, no solo físicas, sino vinculadas a su salud mental. Por eso genera la necesidad de contemplar el riesgo de exposición del Señor Puig a las diferentes patologías que prevalecen en el contexto de encierro. Enfermedades infectocontagiosas favorecidas por las condiciones de hacinamiento, que agravarían el cuadro clínico del enfermo y las limitaciones del sistema de salud penitenciario para la atención de esta clase de patologías”, reflejó un informe oficial.
En el mismo documento se expresó que, en situación de detención, “no está garantizada las condiciones sanitarias para afrontar un tratamiento de tamaña magnitud”. Por eso, luego de un paso por el hospital de la vecina ciudad, recaló en el HIGA San Martín de La Plata, donde su realidad no dejó de ser crítica.
“Está con tratamiento paliativo, con una cánula de apoyatura respiratoria y pronóstico reservado”, confiaron a este diario fuentes del caso. Por eso, respecto del futuro del proceso, hay una enorme incertidumbre. Ayer, en atención a lo resuelto por en la máxima instancia penal de la Provincia de Buenos Aires, que ordenó un juicio de cesura con una nueva integración de magistrados, para determinar qué delito y sanción corresponde aplicar a lo que se dio por probado, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal I de La Plata, Cecilia Inés Sanucci, Hernán Javier Decastelli y Ramiro Fernández Lorenzo, presentaron su excusación a seguir interviniendo en las actuaciones y remitieron la causa a la Cámara de Apelación y Garantías para el sorteo de rigor.
Precisamente, esta decisión también genera interrogantes sobre quiénes resolverán los eventuales planteos que se hagan en el expediente, al margen de lo estrictamente vinculado a la cuestión anterior, que -se sabe- tendrá que ser con la participación de otros funcionarios.
En tanto, de fuentes cercanas a la defensa del profesor de música, que encabezan Daniel Apaz, Adrián Fernández Koenig y Gastón Nicocia, trascendió que no se descarta la interposición de una denuncia para dar inicio a un proceso de jury. El voto de Víctor Violini sería un puntal para sostener dicha presentación.
Por otro lado, los abogados que patrocinan a la familia de una de las víctimas, Flavio Gliemmo y Marcelo Botindari, presentaron un oficio en el que exponen el consentimiento para el otorgamiento de una prisión domiciliaria para Puig: "Ocasionó un gravísimo daño en la vida de mi hija", admitió la madre de la ahora jovencita que denunció los abusos, pero "mis convicciones morales, religiosas y cívicas no permiten más que consentir el pedido de que vaya a su domicilio en atención al gravísimo cuadro de salud que atraviesa, para que pueda estar con su familia".
