Cómo funcionaba La Razón de Vivir, la comunidad terapéutica por la que el Teto Medina y más de 15 acusados terminaron presos

Marcelo “Teto” Medina (59) fue detenido hoy en su casa del barrio porteño de Palermo, en el marco de una investigación por “asociación ilícita, reducción a la servidumbre y trabajos forzados”.  Lo que se sabe hasta el momento es que el ex VideoMatch se presentaba como el “operador socio terapéutico” de un centro de rehabilitación especializado en adicciones en Berazategui llamado La razón de vivir, donde se realizaron los allanamientos y algunas de las restantes 16 detenciones de la causa. No se descarta que en las próximas horas haya más capturas, entre ellas la de quien se presentaba como director del lugar, ya que los imputados son veinte, se informó oficialmente. Todos ellos enfrentan cargos de asociación ilícita, reducción a la servidumbre, abandono de personas y usurpación de autonomía y títulos ya que el lugar no tendría habilitación.

Los operativos realizados con la participación de la Dirección de Investigaciones complejas de la policía de la provincia de Buenos Aires se hicieron en el centro de rehabilitación que Medina mostraba y promocionaba en sus redes sociales. Además, agregaron que no sería el cabecilla de la asociación, sino un hombre llamado Néstor Zelaya.

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En sus redes sociales el animador de televisión se presentaba  como “MOTIVADOR” y “Operador Socio terapéutico especialista en adicciones. Doy charlas motivacionales.. Se puede”. En su cuenta de Twitter se define de la misma forma y además alguna vez compartió videos y fotos de los encuentros.

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El año pasado en una entrevista televisiva para Canal 9 de Salta había contado que trabajaba "en comunidades terapéuticas con chicos que tienen adicciones. Doy mi testimonio y por otro lado, les contamos sobre la problemática del tema. Les damos nuestros tips para superar el conflicto. Mi rol es organizar reuniones terapéuticas con todos los miembros de la comunidad y que aprendan a sacar el dolor y la angustia. Estoy muy entusiasmado con esto”.

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A las charlas no solo asisten los pacientes con algún tipo de adicciones -puede ser a las drogas, el alcohol, la comida o a otras sustancias-, sino también sus familiares, unos actores decisivos en el proceso de recuperación. “En los tratamientos, cuando hay un adicto en la familia los que están alrededor son fundamentales. Hay que buscar el problema para resolverlo. Y cuando uno comparte con el otro llega a esa respuesta mucho mejor, porque tal vez al otro le pasó lo mismo que a uno. Es muy sanador”.

Pía Shaw contó el año pasado en LAM que Medina vivió un momento incómodo cuando llegó para hacer una de estas charlas y "no lo vieron en una muy buena situación. Amablemente desde el centro le pidieron hacerse este test, a lo cual él se negó, se enojó muchísimo y se retiró del lugar sin dar la charla. Esto está confirmado por la gente que está en el lugar y todos los que estaban ahí. No es que vas todos los martes y te hacen el doping, te van siguiendo según cómo te ven. Lo vieron en una situación un poco rara, por eso le dicen que querían hacerle este test. El Teto finalmente se niega, se va enojado del establecimiento y se retira”.

LA INVESTIGACIÓN

La investigación comenzó en el municipio bonaerense de Berazategui por la Unidad Fiscal de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming luego de que hubiera, en principio, 10 denunciantes. Las autoridades judiciales estiman unas 200 víctimas. Por orden del fiscal Daniel Ichazo y el juez de Florencio Varela Adrián Villagra, se realizaron esta mañana 21 allanamientos simultáneos tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires y en Córdoba.

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El director general de La Razón de Vivir es Néstor Ezequiel Zelaya, a quien el fiscal Ichazo colocó a la cabeza de la presunta asociación ilícita. Según figura en la imputación, establecía los aranceles que debían pagar las víctimas y sus familias para ingresar a las quintas como internados, el sistema de castigos y la prohibición de salir de las quintas, los tipos y condiciones de trabajos forzosos que debían realizar algunas de las personas, los mecanismos de control de los internados en cada quinta, cuáles serían los castigos y tipos de violencia física, psicológica y simbólica ejercidos sobre ellas, y evitar que tuvieran acceso a un sistema de salud y medicación prescripta por un médico autorizado, si eso ponía en riesgo el “tratamiento”. También otorgaba las altas definitivas.

De Zelaya dependía la red de quintas, cada una de las cuales tenía a su vez un director que se encargaba de ejecutar las órdenes del director general, controlar a las víctimas y a los operadores-coordinadores, difundir los mensajes y cobrar los aranceles, controlar que a las víctimas les quiten la medicación que tuvieran al ingresar a las quintas y asegurarse de que no la tomen. Entre los titulares de las quintas figuran Eduardo Humberto Zelaya, Jorge Alberto Basílico y Mariano Jorge Luis Torchia, se detalló.

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Por debajo de ellos estaban los “operadores-coordinadores”, identificados como Matías Nicolás Durán, Emilio David Nieva, Martín Ezequiel Arias, Alfredo Martín Córdoba, Damián Alberto Fernández Cáceres y Federico Risso Patrón. Según la Justicia, ellos se encargaban presuntamente de controlar las acciones de las víctimas, custodiar el acopio de medicamentos, controlar las visitas, comunicaciones y llamados de las víctimas con sus familias, ejecutar y controlar los castigos y capturar  a los internos que se escaparan.

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En esta división de tareas descrita por la Justicia, el ex VideoMatch aparece como “la cara visible y pública” de la organización, junto a Néstor Zelaya, de modo que sus apariciones "blanquearan" las actividades que se desarrollaban en las quintas, publicidad que les permitiría captar nuevas víctimas. Según el fiscal Ichazo, Medina se valió de sus propias redes sociales para captar más clientes y mantenía contacto semanal con las víctimas en las quintas para fortalecer su sometimiento y reducción a la servidumbre; en ocasiones, ejercía el rol de operador-coordinador.

A Tatiana Lorena Lanza, policía bonaerense que revistaba en las filas de la fuerza en Florencio Varela, el fiscal Ichazo señala como la encargada de seguridad. Imponía “temor y violencia psicológica” sobre las víctimas para evitar que intentaran huir o resistirse a las tareas que les encomendaban, para lo cual los amenazaba con falsos procesos judiciales. Fabiana Edith Canal y Valeria Fernanda Miceli eran las encargadas del “tratamiento psicológico”, a pesar de que, según la acusación, no poseían título ni habilitación correspondiente. Finalmente, Sonia Elizabeth Córdoba era la encargada de la captación de nuevas víctimas.

Gabriela Torres, titular de la Sedronar, confirmó que La Razón de Vivir “no tiene ningún tipo de habilitación” y dijo no saber el por qué del enojo de los familiares de las personas internadas en ese espacio porque “venimos trabajando mucho”. “En este lugar no había un psiquiatra, psicólogo, médico, no había un plan de tratamiento. Las mujeres y hombres estaban prácticamente asilados y no podían hablar por teléfono con sus familiares. Dicen que tuvieron que terminar la casa del director”, contó.

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