Convertirán a Cromañón en un espacio para la memoria

El local bailable "República Cromañón", en el cual murieron 194 personas por un incendio en 2004, se convertirá en un espacio para la memoria, de acuerdo a una ley sancionada hoy en el Senado, sobre la cual sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre consideraron que servirá para "saldar una deuda con la sociedad".

La norma obtuvo 60 votos a favor y uno en contra durante una sesión especial para declarar de "utilidad pública y sujeto a expropiación" el inmueble situado en Bartolomé Mitre 3038/78, donde funcionó el boliche para destinarlo "a la creación de un espacio dedicado a la memoria de lo ocurrido el 30 de diciembre del 2004".

La ley fue celebrada por las organizaciones de los familiares y sobrevivientes que siguieron los discursos desde los balcones del recinto parlamentario con atención y emoción, abrazados, algunos llorando y otros portando los fotos de las víctimas con sus nombres, a la espera de la aprobación.

La iniciativa de reparación estuvo frenada desde 2005 en la Legislatura porteña, no obstante logró destrabarse este año, a partir del proyecto presentado por un conjunto de organizaciones de familiares y sobrevivientes en el Congreso nacional.

En esta oportunidad, la propuesta tuvo un fuerte respaldo de todas las bancadas, tanto en la Cámara de Diputados, donde recibió la media sanción el 12 de octubre pasado, y en el Senado hoy, además del acompañamiento del proyecto por parte de la Secretaría de Derechos Humanos nacional que mantuvo un canal de diálogo con las agrupaciones desde 2020.

Durante una conferencia de prensa que ofrecieron antes de la sanción de la ley frente al edificio del Congreso, los familiares y sobrevivientes leyeron un documento en el cual señalaron que "la expropiación es la única forma de lograr que en Cromañón no haya otra cosa que un espacio para la memoria.

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"Este es un momento histórico para el conjunto de la sociedad, representada por senadores y senadoras, que tienen la oportunidad de saldar una deuda con una generación entera. En definitiva, una deuda con la sociedad toda", destacaron.

Y agregaron que la sanción de la ley respondió a que "todas las fuerzas políticas de nuestro país coincidieron en la importancia de que no se olvide lo ocurrido el 30 de diciembre del 2004 y para que nunca más se repita".

El documento estuvo firmado por Coordinadora Cromañón, El Camino es Cultural, Familiares de la Matanza, Movimiento Cromañón., Ni Olvido Ni Perdón, No Nos Cuenten Cromañón, Organización 30 de Diciembre, Que No Se Repita y Sin Derechos No Hay Justicia.

Puntualmente, además de la expropiación y de la creación de un espacio dedicado a la memoria, la norma contempla que en el lugar también haya una "muestra permanente" que refleje "la historia de lo allí ocurrido", así como también prevé la organización de actividades culturales e informativas.

Establece la conservación de los elementos testimoniales de la masacre al considerar que "hacen a su valor histórico-cultural y configuran la memoria histórica que se debe preservar" y advierte que "gozará de protección por parte del Estado" también el santuario que fue armado en homenaje a las víctimas sobre la calle Mitre, a metros del boliche.

El 30 de diciembre del 2004 y durante el mandato como jefe de Gobierno porteño de Aníbal Ibarra, 194 personas murieron y más de 1.500 resultaron heridas al quedar atrapadas en el boliche República Cromañón, cuyo gerenciador Omar Chabán permitió el ingreso de concurrentes muy por encima de lo habilitado para el recital de la banda Callejeros.

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A poco de comenzado el concierto, el lanzamiento de una bengala prendió fuego una media sombra situada en el techo del local y generó un humo tóxico que fue aspirado por los miles de jóvenes que estaban dentro y que no pudieron salir a tiempo ya que las salidas de emergencias del local estaban cerradas con candados.

El edificio pertenece, en la actualidad, a la sociedad "Nueva Zarelux", cuyo dueño es Rafel Levy -el mismo propietario que al momento del incendio-, y fue restituido en octubre del 2018 por decisión del Tribunal Oral Criminal 24.

"Ante semejante masacre, por la cual fueron condenados tanto empresarios como funcionarios públicos por cohecho, es el Estado el cual debe garantizar las instancias reparatorias. Y entre dichas instancias, es indispensable que se garantice la Memoria Colectiva", manifestaron los autores en su proyecto ya sancionado.

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