Martín Ordoqui entró ayer en la historia: se convirtió en el primer juez del Tribunal de Casación Penal bonaerense en ser destituido por un jury de enjuiciamiento, sospechado de traficar influencias valiéndose de su cargo para obtener réditos económicos de manera ilegal.
Los integrantes del cuerpo colegiado encargado de analizar las pruebas fueron contundentes y, por unanimidad, votaron para que se le quiten los fueros. Sin ese escudo protector, una comitiva policial fue directamente a su casa de 481 entre 29 y 30, en Gonnet, para ponerle las esposas y llevarlo detenido a pedido de la fiscal Betina Lacki, que investigó la llamada "megabanda" -desde esta semana en juicio- y el sórdido circuito que hizo pie en La Plata durante muchos años.
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Esos fueros lo salvaban a Ordoqui de ser arrestado como le pasó a otro ex juez famoso en la Ciudad, César Melazo (hoy en el banquillo) y, en caso de que la acusación avance, también será sometido a un juicio oral más adelante. Por lo pronto, hoy será indagado por Lacki.
LA DESTITUCIÓN
Ayer al mediodía, con la presencia de la presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y
Funcionarios, Hilda Kogan; los conjueces abogados, Juan Emilio Spinelli, Fulvio Germán
Santarelli, Ricardo Arturo Fabris, Hugo Rubén Galderisi y Diego Paulo Isabella; el conjuez legislador, Daniel Andrés Lipovetzky, y las conjuezas, Nidia Alicia Moirano, Abigail Gabriela Gómez, Gabriela Demaría y María Eugenia Brizzi, por la secretaría de Ulises Giménez, se dispuso “destituir, por las causales previstas en el art. 21 incs. e, i, f y q de la ley 13.661 y modificatorias, al Juez del Tribunal de Casación Penal, doctor Martín Manuel Ordoqui (arts. 18 inc. d y 48, ley 13.661)”.
También decretaron "su inhabilitación para ocupar en adelante otro cargo judicial", imponerle las costas, comunicar a la Suprema Corte de Justicia lo resuelto y “disponer que, a través de su Secretaría de Administración, proceda, a partir de la efectiva notificación, a cesar los pagos que se efectúan en virtud de lo dispuesto por el art. 35 de la ley 13.661”.
Para los miembros del jurado, “la estrategia de la esforzada defensa llevada a cabo por Alejandro
Montone y -el propio Ordoqui, tuvo como norte segmentar cada uno de los elementos de cargo
producidos por el doctor Conte Grand en el ejercicio de la acusación, para atacarlos en forma individual”, aunque no dio los resultados esperados.
“Una mirada ´holista´ de las evidencias, es la que permite en forma indubitada considerar que el doctor Martín Manuel Ordoqui ha evidenciado un serio desapego a la integridad y al decoro del cargo para que fuera elegido, realizando actos de parcialidad manifiesta, y graves irregularidades”, se lee en la resolución.
Y sigue: "La perspectiva probatoria ya valorada nos revela un escenario que muestra cómo un magistrado de un superior tribunal de impugnaciones atiende reiteradamente en su despacho y hasta por fuera del horario, a una persona que representaba a un detenido cuyo caso tiene asignado para resolver. Informa el paso a paso de ese expediente. Adelanta su parecer en el
punto a fallar y brinda asesoramiento técnico prohibido. Recibe múltiples obsequios y permite
que su asesora también los reciba. Utiliza los recursos del estado para visitar al detenido aún
luego de haber resuelto su caso, y lo hace junto con la intermediaria y su estrecha colaboradora, para quien exige la entrega ilegal de dinero”, se agregó.
“También nos muestra cómo desde su posición institucional y con claro abuso de la misma, presumiblemente favorece la situación procesal de un imputado a cambio de dinero y brinda asesoramiento o trato preferencial a abogados o terceros”, asegura el fallo.
El tribunal de jury concluyó que “las conductas que se tuvieron por probadas" llevan a determinar que Ordoqui "ha perdido los requisitos que la ley y la Constitución de nuestra provincia exigen para el desempeño de una función de tan alta responsabilidad”.
Según la acusación, el juez dictó arrestos domiciliarios para Ariel Heine (quien luego fue condenado a 14 años de prisión) y al platense Javier Ronco, acusado de un doble homicidio en La Plata y de ser integrante de una megabanda criminal que contaba con protección policial y
judicial.
Su secretaria, María Eugenia Mercado, también fue detenida en el marco de estas maniobras y en la actualidad permanece con arresto domiciliario, que cumple lejos de La Plata.
Antes de convertirse en juez, Ordoqui había sido abogado de la Municipalidad de Quilmes y representó al actual ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, en algunas causas
penales.
EL ARRANQUE DE TODO
Ordoqui quedó en la mira de la justicia por otra investigación, la del asesinato de Juan Farías en un edificio del centro de La Plata, en un presunto ajuste de cuentas de la "megabanda" integrada por policiías, jueces y fiscales. En una de las pesquisas, los agentes encontraron una serie de comunicaciones telefónicas en la que aparecía varias veces mencionado un alto magistrado de Casación de la Provincia.
Según la fiscal Lacki, en las 1.120 fojas del expediente surgen “pruebas claras” de la participación de Martín Ordoqui en la concesión de beneficios procesales a uno de los miembros de la banda, Ariel Heine, gestionados con la aparente intermediación de Rubén “El Tucumano” Herrera y Enrique Petrullo.
La jueza de Garantías actuante consideró que existían pruebas suficientes para solicitar el desafuero del magistrado y su sometimiento a proceso penal por el delito de tráfico de influencias, que terminó ayer con la expulsión de Ordoqui y su arresto.
El avance de esa investigación, según el procurador Julio Conte Grand, “puso en descubierto una organización tendiente a brindar asesoramiento y conseguir beneficios para sujetos sometidos a diversos procesos judiciales”, de las que habrían participado, además, la secretaria privada, María Eugenia Mercado, abogados de la matrícula, un financista y, en la cúspide, Ordoqui.
Ariel Heine estaba imputado por conformar una asociación ilícita dedicada a la usurpación de predios y su posterior venta ilegal, delito por el cual fue condenado a la pena de 14 años
de prisión. Previo a quedar detenido en la Unidad 9 de La Plata estuvo prófugo por más de un año.
Lidia Perna, quien ofició de operadora judicial de Heine, fue la supuesta encargada de realizar las gestiones necesarias para llevar a Ordoqui a obtener el beneficio de prisión domiciliaria. Mientras los legajos casatorios estaban en trámite, la operadora concurría asiduamente a la vocalía y mantenía reuniones con el juez y su secretaria Mercado.
Si bien la defensa intentó demostrar que el magistrado sostenía un criterio de “oficina abierta”, los testimonios dieron cuenta de la diferencia del trato que recibía Perna, y el que se le confería al resto de los justiciables.
Perna confirmó estas acusaciones al relatar ante los jueces detalles de esos numerosos encuentros, los cuales fueron certificados por funcionarios de la Sala V. Ellos declararon que Perna iba después de las 18, fuera del horario judicial.
La mujer reconoció que le regaló al juez un teléfono marca iPhone, un chaleco con gemelos y un juego artesanal de tenedor y cuchillo labrado, mientras esperaba por una resolución judicial favorable para que Ariel Heine acceda a un arresto domiciliario, morigeración que obtuvo mediante un Hábeas Corpus, en tiempo récord.
A su vez, la testigo aseguró que en una oportunidad le entregó 30 mil pesos a Mercado, así como también dos carteras, un reloj y un iPhone. En la declaración de la propia Perna sostuvo que para acceder a un beneficio para Heine “tenía que pagar dos meses de alquiler del palacio de justicia” al que mesuró en “diez mil dólares cada uno”, es decir, unos veinte mil dólares.
Martín Ordoqui se defendió de las acusaciones del jurado y aseguró que su decisión “precoz” para otorgar el arresto domiciliario tenía que ver con su deseo de poder “resolver las cosas de forma rápida”. A su vez, sostuvo que le dio la morigeración por “haberse vencido los plazos de la prisión preventiva”.
El ahora ex magistrado reconoció haber visitado a Heine al penal. “Estuve mal y no me gustó lo que hice, pero no creo que eso haya sido un mal desempeño”, sostuvo, y negó haber integrado una asociación ilícita. El tribunal de enjuiciamiento no le creyó y ahora deberá enfrentar a la justicia como cualquier ciudadano. Sin fueros.
