La causa que investiga presuntas irregularidades en la Policía bonaerense, con los cursos de reentrenamiento y la recarga de municiones, que serían sacadas de su circuito formal para generar ganancias millonarias, sigue haciendo mucho ruido.
Al margen de que, con el correr de las horas, empezó a surgir información sobre el resultado de una serie de procedimientos, que se desarrolló en La Plata, Lavallol, Lanús y San Martín y, que además contó con requerimientos para las escuelas de la fuerza, Juan Vucetich y Dantas, y la Dirección de armamento del Ministerio de Seguridad provincial, en el expediente judicial de los cinco detenidos a disposición del fiscal de Berazategui, Daniel Ichazo, solo uno se mantendría en esa situación, ya que el resto fue liberado.
¿Falta de pruebas? ¿La pena en expectativa para el delito enrostrado? ¿La edad de los imputados? Sea una razón o la otra, fuentes de tribunales indicaron que “Jorge Rubén Polero, Gustavo Eduardo Sotes, Claudio Alberto Capra u Juan José Galizia”, fueron puestos en libertad, por aplicación del artículo 161 del CPP, primer párrafo, que establece: “El fiscal podrá disponer la libertad de quien fuera aprehendido mientras el juez no hubiese ordenado la detención, cuando estimare que de acuerdo a la circunstancia del caso no solicitará la prisión preventiva”.
Según el abogado defensor, Martín de Vargas, “las armas y objetos secuestrados en su poder estaban en regla y con la documentación pertinente. Igual se llevaron todo”.
En efecto, en el parte oficial que se difundió a la prensa, se indicó la incautación de 2.000 armas de fuego; 88 armas cortas; 100 armas largas; 8.000 municiones; cinco celulares; una balanza; 29 kilos de vainas; 47 kilos de proyectiles; 10 kilos de perdigones; tres kilos de fulminante; seis kilos de cartuchos de escopetas; 10 kilos de pólvora y ocho máquinas de fabricación de proyectiles.
Sin embargo, la gran mayoría de los que detentaban esos elementos, ya están otra vez en sus domicilios. Por eso la pregunta que se hacen muchos: ¿Les devolverán sus pertenencias?
Sucede que, en base a la información que se lanzó por allegados a la pesquisa, se dijo que se habría logrado desmantelar “un circuito de fabricación ilegal de municiones desde su origen, ubicando la fragua en la localidad de San Martín, donde adquirían en forma ilegal materia prima: cobre, chatarra., etc., con las cuales se confeccionaban las puntas de munición, las cuales fueron localizadas en los distintos objetivos de la ciudad de La Plata allanados por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, comprobándose que desde San Martín se distribuía a distintos puntos del país”.
“Las municiones eran confeccionadas en los talleres clandestinos desbaratados, los cuales operaban sin ningún tipo de control de ANMAC y eran comercializadas en el mercado negro a cualquier persona que no tuviera permiso para adquirirlas”, agregaron.
También señalaron que “se determinó que utilizaban para su distribución cajas de la marca FM que descuidadamente fueron adquiridas, rellenadas y vendidas en las redes como si se tratara de munición original” y que “se continúa con otra línea investigativa respecto a las importadoras y armerías ilegales, que proveían a los sindicados de fulminantes, materiales controlados como la pólvora y puntas, sin estar registradas debidamente en ANMAC”.
De todas formas, pese a toda esa evidencia que se apunta, en el correlato con la causa parecería no alcanzar para sostener las detenciones.
En la denuncia anónima que dio origen a la IPP 13-01008159-24/00, se mencionó que respecto a las jornadas de capacitación de tiro “son 5 burbujas o turnos por día, pasando como presentes (cuando no lo están) a cinco policías por burbuja o turno, dando un total de 25 numerarios al día. El valor que se les cobra a estos para no ir, es de ocho mil pesos por persona al mes. Dando un subtotal de 200.000 mil pesos al día”.
Y sigue: “Como cada efectivo policial debe disparar 20 municiones, si tenemos en cuenta que por día son 25 los efectivos que son pasados como presentes y, no lo están, esas municiones serían desviadas para su posterior venta”. Y se concluyó que con esa sola maniobra se juntaría al mes “cuatro millones de pesos”.
