Lo que en un primer momento fue presentado como un procedimiento de alto impacto por la detección de un supuesto caso de riesgo derivado de publicaciones en redes sociales, días después abrió un fuerte debate sobre los límites de este tipo de investigaciones preventivas y la forma en que se ejecutan los operativos policiales por orden de la Justicia.
Supuestas tareas de inteligencia mediante, la Justicia ordenó un allanamiento en una vivienda de San Carlos, donde fueron incautadas 25 armas de fuego y más de 6.700 municiones. La información oficial destacaba que el menor manipulaba armamento de distinto calibre y que existían adultos que lo instruían en esa actividad. Sin embargo, con el paso de las horas comenzaron a conocerse datos que modifican sustancialmente el escenario y que ahora son materia de discusión.
Es que el adolescente investigado no es un aficionado que descubrió las armas por su cuenta, sino un deportista de alto rendimiento que representa a nuestra ciudad y a todo el país en competencias internacionales de Tiro Práctico (IPSC), una disciplina reconocida mundialmente por combinar precisión, velocidad y potencia, desarrollada bajo estrictas normas de seguridad.
Precisamente las imágenes que despertaron las sospechas lo mostraban entrenando en la cancha 8 del Tiro Federal de Berisso, con un atuendo característico para los competidores y no el patio de su domicilio, como dijeron algunos. Las mismas fuentes sostienen que el padre del adolescente también es instructor y deportista internacional y que todo el armamento secuestrado estaría debidamente registrado, situación que ahora deberá acreditarse ante la Justicia.
Mientras tanto, el secuestro del material deportivo genera un problema extra para el joven.
Es que debe participar de un nuevo torneo internacional que se disputará en Grecia entre el 21 de septiembre y el 4 de octubre próximo, aunque hoy no dispone del equipamiento necesario para entrenar. Por ese motivo, se iniciaron gestiones contrarreloj para solicitar la restitución del material secuestrado, que es muy costoso y no fácil de reemplazar.
EL DEBATE
Más allá de la legalidad del procedimiento -ordenado judicialmente a partir de una investigación iniciada por publicaciones en redes sociales- el caso abrió un interrogante.
Una vez ejecutado el allanamiento y constatado, según plantea la familia, que el adolescente integra un entorno vinculado desde hace años al tiro deportivo y que las prácticas se desarrollaban en un polígono habilitado, ¿corresponde mantener la orden de secuestro hasta el final de la investigación o el procedimiento debió ser redefinido?
Desde el entorno del adolescente cuestionan además la forma en que se desarrolló el operativo.
“Se los llevaron esposados como si fueran criminales. Está todo en regla. El padre es un instructor destacado. Acá salieron a cazar en el zoológico. Muy triste todo”, afirmaron allegados a la familia.
Mientras la investigación continúa para determinar si existe alguna anomalía o si toda la documentación se encuentra en orden, el caso dejó instalada una discusión más amplia: cómo deben actuar los organismos de prevención cuando una señal de alerta en redes sociales termina correspondiéndose con una actividad deportiva legal y regulada.
Por ahora, la Justicia deberá resolver no solo la situación de la causa, sino también si corresponde devolver lo incautado para que el adolescente pueda retomar sus entrenamientos y representar al país en el próximo certamen.
“La familia está destruida”, resumieron personas cercanas al joven, que aclararon: “Por normativa, un menor de 10 años puede empezar a practicar tiro, con la debida asistencia de un tutor. Y son muchos los que lo hacen. Más de lo que mucha gente imagina”.
